Con Julio De Vido preso, el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, enfrenta sus días más difíciles en ese municipio del norte bonaerense. En las últimas horas, una pueblada estalló en la localidad de Lima, en una movida que reflotó los reclamos de autonomía que desde hace años impulsan los vecinos.

A eso se sumó la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien procesó a Cáffaro y lo embargó por $ 5 millones de pesos por el desvío de recursos nacionales para obra pública.

Los dos hechos encendieron las alarmas del gobierno provincial que siguió de cerca la crisis. El intendente kirchnerista se acercó el viernes al Consejo de Seguridad provincial que se realizó en Mar del Plata para buscar puentes que permitan una solución.

Desde el oficialismo, el diputado Matías Ranzini publicó una serie de tuits que fijaron la postura del gobierno.

"Los vecinos de Zárate eligieron a Cáffaro como intendente y nosotros vamos a dejar que ejerza la responsabilidad hasta el final de su mandato. La críticas se las hacemos dialogando y no en un show mediático", escribió el diputado por la Segunda Sección.

"El proceso judicial lo determinará un poder independiente del Estado y los que tenemos responsabilidad política tenemos que ser cuidadosos con cualquier valoración subjetiva ante este tema judicial", agregó.

La pueblada de los últimos días estuvo muy vinculada a los reclamos por autonomía. Desde hace varios años, los vecinos de Lima intentan avanzar desde los institucional para lograr su autonomía respecto de Zárate. Es que en esa localidad están enclavadas las centrales nucleares atucha I y II, una variable que le daría a un eventual nuevo municipio cuantiosos fondos.

El 11 de mayo, la Asociación por la Autonomía de Lima (APAL) y los vecinos damnificados en una asamblea autoconvocada, decidieron llevar adelante medidas de fuerza para visibilizar su reclamo y lograr la atención del jefe comunal. Entre ellas, acordaron realizar una toma en la delegación municipal de Lima, de la que participaron más de 700 personas.

Pero el gobierno dejó en claro el viernes que no hay chances de avanzar con esa autonomía. "No está en agenda del gobierno la división política administrativa del partido de Zárate. Desde Cambiemos no le vamos a mentir a la gente ni a crear falsas expectativas. Preferimos decir la verdad", escribió Ranzini.

"El problema de Lima no es un Problema de autonomía, es un problema de olvido y de falta de inversión de años; nosotros estamos propugnando desde enero la firma del convenio urbanístico con Nucleoeléctrica Argentina SA (Nasa) para que haya más recursos para la localidad en obras", agregó.

En cuanto al proceso judicial que enfrenta Cáffaro se sabe que el gobierno de Cristina Kirchner le había concedido $ 10 millones para obras en cuatro líneas eléctricas subterráneas, pero la municipalidad luego le adjudicó a C&E Construcciones la licitación del tendido de dos líneas de alta tensión de forma aérea con algunos tramos subterráneos, aunque la constructora finalmente no hizo una cosa ni la otra.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Gabriel Pérez Barberá, le avisó al magistrado que $ 6 millones terminaron en dos empresas, INC SA y Yoen SA, que no tenían ninguna relación con la obra ni se dedican a eso. Ahora investiga si, además de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real, también hubo lavado de dinero.

El juez González Charvay procesó a otras cuatro personas: Pablo Giménez, concejal con licencia mientras ejerce como secretario de Gobierno; Osvaldo Caccaviello, ex subsecretario de Servicios Públicos de Zárate y actual director general de calles y red vial de Pilar; Salvador Ingrassia, exdirector de Obras e Infraestructura; y a Gustavo Castillo, dueño de la contratista.

También los embargó por entre $ 3 y 4 millones y ordenó el embargo preventivo de todos sus bienes. El magistrado consideró que el intendente y el empresario arreglaron el acuerdo antes de licitar la obra.

El antiguo Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, le giró los primeros $ 10 millones de la obra -presupuestada en $ 50.820.000-, pero cuando la municipalidad le pidió los siguientes $ 15 millones, presentando un certificado de avance de obra, veedores de la Nación descubrieron que el Municipio "no había comenzado la obra eléctrica".